Éste es un momento inédito en nuestra historia reciente. Observamos que los objetivos de seguridad global constituyen el punto de agenda central norteamericana, pese a los serios problemas de déficit presupuestal que tal situación les genera. Contemplamos cómo Europa avanza en sus esfuerzos por implementar una Constitución Europea, que podría entrar en conflicto con los nacionalismos que persisten. Vemos al continente asiático en una tensión singular, debido al dilema que supone avanzar en la promoción de derechos civiles y al mismo tiempo proseguir en su intenso crecimiento económico; asimismo, contemplamos con horror la devastación natural producida por el tsunami en ese continente, la que prosigue hoy con sus desastrosos efectos económicos, por viviendas e infraestructuras destruidas, además de las pérdidas humanas e institucionales. Asistimos al cruento enfrentamiento en el Oriente Medio, a las terribles consecuencias de esta guerra y a la necesidad de condenar el terrorismo que aún impera en esa castigada región. En este contexto, nos preguntamos ¿Cuál es la alternativa de América Latina? ¿Qué camino seguir?
América Latina ha mantenido su comportamiento pendular; esto es, ha oscilado entre autoritarismos con apoyo popular mediante evidentes clientelas políticas, y democracias en formación donde los ciudadanos no se sienten representados ni plenamente satisfechos. La región ha pasado, una y otra vez, del intervencionismo económico a medidas de apertura y libertad económica parciales. Al hacerlo, se ha obviado proporcionar derechos de propiedad a cabalidad a sus mayorías nacionales, lograr un poder judicial imparcial y garante de los derechos ciudadanos, y no se ha dotado a los países de la región de una infraestructura de mercado y genuina obra pública suficientemente fuertes.
De otro lado, pese a las reformas liberalizadoras de la década pasada, la región ha mediatizado la inclusión de sus ciudadanos en el reconocimiento de sus derechos, en particular de sus mujeres y de sus mayorías. Al haberse hecho reformas no siempre consistentes con el mercado, y de espaldas a la sociedad civil, sin convencerla de sus beneficios potenciales, éstas se encuentran hoy día bajo cuestión. No es un accidente que diversos informes internacionales señalen que América Latina sea el continente que tuvo un desempeño más pobre y que la mayor parte de los países latinoamericanos hayan preferido mediatizar la libertad económica alcanzada. La historia, al parecer, no miente: somos el continente del eterno retorno, y estamos atrapados en cumplir el papel de evaluar cada una de las décadas pasadas como una década perdida.
Debemos romper ese oscilar entre posiciones opuestas que se ha convertido en el principal lastre de nuestro esquivo desarrollo y que tiene su origen en la debilidad de las instituciones que toda la región padece. Frente a este problema medular de la hora actual, la alternativa de América Latina radica en lograr el cambio institucional de nuestras sociedades. Así, debemos en primer lugar hacer un esfuerzo de análisis para definirlo con la mayor precisión posible. Luego, partiendo de nuestros principios y convicciones, debemos formular nuestra propuesta de cambio institucional y generar un amplio debate público que contribuya a su difusión y aceptación a lo largo de nuestro continente.
Cuando Douglass North estableció en su libro Estructura y Cambio en la Historia Económica de 1984 sus tesis sobre las instituciones, se refería a las normas que guían las conductas de las personas, a través de las cuales deciden seguir un curso de acción para sus vidas, contratan, viven y se organizan. Como las personas sólo pueden interactuar entre sí dentro del marco configurado por estas instituciones, las mismas constituyen la base y la argamasa de organizaciones tales como los parlamentos, las cortes de justicia o los sindicatos, así como de las Constituciones y leyes que rigen, con mayor o menor suerte, en nuestros países.
Pero North advirtió que hay un sustrato todavía mas profundo con relación a las instituciones, y que éstas se originan por aquello que él definió con el término de ideologías. Éstas son construcciones sobre la realidad –o en palabras de North, “una forma comprensiva de entender el mundo”– y a su vez, se conforman de percepciones, mitos y prejuicios, organizados en torno a una idea central, que se adquieren a lo largo de una vida y van conformando la psicología más íntima del ser humano, y por las cuales conforma sus normas de comportamiento. Sucede que todas o gran parte de las instituciones con las que los países de nuestra América se conducen, han sido establecidas o descubiertas a partir de ideologías equivocadas, y éstas se han extendido a toda la sociedad, incluyendo a sus dirigentes, conformando lo denominaré el paradigma del subdesarrollo .
Este paradigma del subdesarrollo considera que el progreso es un juego de suma cero en el cual quien gana lo hace a costa del otro. Señala que las normas son “poesías legales” –usando el término acuñado por Mario Vargas Llosa en un luminoso ensayo * – y que lo único importante para tener bienestar es la voluntad política y el uso que los dirigentes políticos hagan del poder. Establece que la razón de la pobreza en Latinoamérica no es responsabilidad nuestra, sino de terceros, en la denominada dependencia del extranjero. Finalmente, considera a toda actividad empresarial como explotadora de sus trabajadores y perjudicial para el resto de la colectividad.
Si queremos lograr el cambio institucional debemos cambiar este paradigma del subdesarrollo por un nuevo paradigma, uno que permite romper el círculo vicioso que hemos descrito líneas arriba. Lo denominaré el paradigma del progreso . ¿En qué consiste este paradigma del progreso? Consiste en definir al progreso como un resultado en el que ambas partes ganan y que, justamente por ese doble beneficio, es buscado por las mismas. Se manifiesta en que la ley debe ser una defensa contra el poder y nunca su reflejo, siendo para ello indispensable que las Constituciones encarnen en las masas y se establezcan en ellas como su principal patrimonio histórico y la mejor garantía para una pacífica y fructífera convivencia. El paradigma del progreso sostiene que el poder debe estar permanentemente limitado y que los políticos son servidores públicos cuyos jefes son todos los ciudadanos. A su vez, considera que nosotros, los latinoamericanos, somos responsables de nuestra miseria o prosperidad, y que por tanto podemos elegir permanecer en la pobreza o alcanzar el desarrollo. Manifiesta que una correcta actividad empresarial tiene como principal socio al trabajador, y que esa asociación está definida por el mutuo objetivo del servicio a los consumidores y la generación de la competencia leal y nunca sobre la base de ventajas otorgadas por el Estado.
Este cambio de paradigma es, a mi juicio, la tarea primera y más importante que los latinoamericanos debemos acometer si no queremos repetir los ciclos de indefinición y debilidad institucional que conforman nuestra historia. Por esta razón debemos centrar nuestros esfuerzos en modificar todos los contenidos que conforman el paradigma del subdesarrollo instaurados en las sociedades civiles latinoamericanas, convenciéndolas de los beneficios del paradigma del progreso y convocándolas a esta causa. En ese sentido, hay que convencerlas que el camino a la prosperidad yace en las genuinas realidades del comercio abierto, una moneda sólida, un marco regulatorio razonable y en la protección de los derechos de propiedad. En una palabra, debemos hacer de las sociedades civiles latinoamericanas los agentes del cambio de paradigma del subdesarrollo al paradigma del progreso.
La segunda tarea que debemos abordar con seriedad, energía y sentido de urgencia para alcanzar este cambio de paradigmas, es la transformación de la educación en América Latina. Diversos estudios han demostrado que la principal correa de transmisión de estas ideas erróneas en nuestro continente ha sido el proceso de formación educativa en la región y la enorme influencia que el maestro de escuela tiene en la formación de la opinión y las ideas que dan origen a las instituciones por las que se rigen los latinoamericanos. En efecto, de acuerdo con Carlos Tunermann, ex Ministro de Educación de Honduras, en su estudio La Educación para el Siglo XXI , el 72% por ciento de los maestros en el ámbito regional laboran en el sector público. Para grandes sectores de nuestra población, en toda la región, los maestros son la única opinión cultivada y constituyen, casi exclusivamente, la savia que nutre la conformación de la opinión pública. Por todo lo antes dicho, queda por demás claro y evidente que las mayorías latinoamericanas definen sus referentes y visiones sobre su entorno, su vida, su historia y su futuro, en función a las ideas, opiniones y mitos ideológicos que sus maestros les inculcan.
Lograr el cambio de paradigma que los profesores de América Latina ofrecen a sus estudiantes es un componente fundamental del cambio institucional. Si no trabajamos intensamente, gobiernos, institutos de investigación y formadores de opinión, en la educación latinoamericana, no será posible alcanzar plenamente una democracia que se oriente hacia los ciudadanos, una economía de mercado viable ni un Estado de Derecho. Si no formamos a los maestros en el ideario de los beneficios y la naturaleza positivamente moral del paradigma del progreso, nuestros connacionales continuarán conviviendo con instituciones que no reconocen como suyas. De seguir ignorando el papel de la educación y de los maestros en ella, los ciudadanos continuarán siendo hechizados por dirigentes providenciales, salvadores de la patria y demagogos, y víctimas de los mitos ideológicos como el del origen de su pobreza, entre otros. La tarea que nos corresponde desde cada una de nuestras actividades es, a nuestro juicio, la de ampliar el acceso a las ideas del progreso a los maestros latinoamericanos.
Además, los gobiernos, institutos de investigación, los intelectuales y formadores de opinión deberán integrar sus esfuerzos en elevar la calidad de nuestros sistemas educativos y la preparación de los habitantes de América Latina al más alto nivel posible. Ese esfuerzo adicional permitirá a la región estar en mejores condiciones de competitividad en el contexto de incesantes transformaciones, cambiantes requerimientos del mundo laboral y perspectivas de crecimiento en que se encuentra el mundo. Debemos romper definitivamente con el mito ideológico que encuentra en nuestros recursos naturales la fuente inagotable de riqueza. Nuestra verdadera riqueza está en las personas y en su capital humano.
Luego de la educación, los medios de comunicación son el segundo formador institucional y los políticos son agentes decisivos en ese nivel de formación. En la actualidad, cuando es evidente la convergencia tecnológica de las comunicaciones y la creciente importancia del sector de servicios intensivos en conocimiento, debemos permitir el mayor acceso a los latinoamericanos a todas las fuentes de información posible, incrementando los márgenes de desregulación y liberalización de la información y el conocimiento. Esto permitirá que tengan a su alcance respuestas diversas para el logro de su progreso. Con relación a los políticos, el cambio de paradigma hacia el desarrollo en ellos sólo se logrará si se promueven las reformas que permitan que cultiven en forma permanente el ejercicio de la política como un servicio publico signado por la austeridad, la eficiencia, la honestidad y la transparencia.
Nunca una tarea ha sido tan importante como la del cambio de paradigma del subdesarrollo por el paradigma del progreso, y el cambio institucional consecuente en la región. Si tan sólo pudiéramos iniciar el camino de una América Latina en la que nuestros ciudadanos reconozcan las leyes que los rigen como suyas; que vean en sus organizaciones el medio para alcanzar su progreso material y sentar las bases de un porvenir claro y seguro; que confíen en sus políticos como en sus mejores servidores públicos y reconozcan en sus maestros como los cultivadores de sus espíritus, ningún esfuerzo seria pequeño ni valdría más en su resolución. Ése fue el sueño de personalidades como Juan Bautista Alberdi, Carlos Rangel y tantos otros, que pusieron en ese empeño sus vidas y sus obras, que son hoy testimonio de sus logros y desventuras. Es mi mayor esperanza que podamos nosotros lograr ese viraje definitivo y sin retorno hacia el progreso en América Latina.
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* Abogada, Master en Derecho por el Programa Internacional de Tributación de Harvard University. Tiene Estudios de Postgrado en Tributación y Economía en London School of Economics. Ex Presidenta del Consejo de Ministros de la República del Perú, ex Superintendente de SUNAT, Ex Congresista y Senadora de la República. Actualmente es Funcionaria de l Banco Mundial, especialista senior en el área de Sector Público.
* Vargas Llosa, Mario. América Latina y la Opción Liberal. En: El Desafío Neoliberal. Barry B. Levine (compilador). Grupo Editorial Norma, Bogotá, Colombia, Primera Edición, 1992. |
