Una crisis global de agua se vislumbra. Más de mil millones de personas alrededor del mundo no tienen acceso a agua limpia y segura—esto ha tenido efectos devastadores: 12 millones de muertes al año y millones de otras causadas por enfermedad y pobreza. En el 2003, es probable que más personas murieron por falta de agua que por conflictos armados. La situación es precaria, como lo ha reconocido la ONU, al hacer cortar por la mitad el número de personas sin acceso al agua uno de sus Objetivos de Desarrollo para el Milenio.

A pesar de la gran dimensión del problema, hay una solución. Hasta ahora, un pequeño número de gobiernos de los países en vías de desarrollo han pedido ayuda al sector privado y han introducido reformas de mercado en el sector del agua. En conjunto, los resultados han sido positivos.

Aunque las reformas han sido de envergadura limitada—97 por ciento de toda la distribución de agua sigue en manos de los gobiernos—millones de nuevos hogares en diversos lugares como lo son Argentina, Cambodia, Guinea, Marruecos, y las Filipinas han sido conectadas a redes de agua. En los países en vías de desarrollo con inversiones privadas en infraestructura de agua, 80 por ciento de la población tiene acceso a una mejorada fuente de agua, comparado con el sólo 73 por ciento en los países en vías de desarrollo que no tienen dichas inversiones.

Pero las privatizaciones han despertado una clamorosa resistencia. Una combinación de organizaciones no gubernamentales, uniones de comercio para empleados públicos y algunos medios de comunicación, principalmente mediante demostraciones y campañas de alto rango, han hecho todo lo que ha estado a su alcance para limitar el rol de los mercados y de la empresa privada. Y han sido exitosos. La velocidad de la privatización se ha disminuido y el Banco Mundial, uno de los mayores catalizadores de privatización, se ha colocado en la defensiva. Las compañías globales de agua están cada vez menos deseosas de invertir en países en vías de desarrollo. En el Foro Mundial Social, en Mumbai, India, en Marzo del año pasado, la campaña continuó.

Éste es un trágico desempeño, y lo es aún más porque los activistas de anti-privatización están equivocados en casi todos sus argumentos. Lo que ellos llaman privatización no asemeja ni remotamente a lo que es la completa desregulación y liberalización de los servicios. Mejor dicho, lo que hemos visto son diferentes formas de una cooperación altamente regulada entre gobiernos con pocos recursos de los países subdesarrollados y compañías de agua especializadas y experimentadas.

El argumento más común en contra de la privatización es que derivará en tarifas de consumo más altas, haciendo imposible que los pobres paguen por su agua. Esto es una enorme simplificación. Es verdad, que hay casos en que los precios han subido después de llevarse acabo la privatización, pero también hay casos en que las tarifas han sido reducidas.

En efecto, precios bajos artificiales son una de las principales causas detrás de la crisis. Cuando los operadores saben que ellos perderán dinero con cada hogar nuevo que conecten, ellos no tienen incentivo para extender las redes de agua. Además, ellos no reciben suficiente capital para construir nuevas tuberías o para mantener la infraestructura. Millones de mujeres y niños gastan horas de cada día (10 millones de hombres-año por año) consiguiendo agua de fuentes remotas. Ellos no pueden trabajar o ir a la escuela y por lo tanto se hallan atrapados en la pobreza. Precios muy bajos también derivan en el desperdicio y la mala asignación en agricultura donde la mayoría del agua es utilizada, y generalmente utilizada de manera ineficiente.

Pero por sobre todo, los mil millones de personas que no están conectadas a ninguna red de agua compran agua—usualmente de mala calidad—que cuesta un promedio de 12 veces más que el agua de las redes. Éstas personas ganarán, no perderán, con la subida de precios, cuando los operadores consigan capital e incentivos para expandir sus redes hacia ellos.

Como los pobres no están conectados a las redes, ellos no ganan nada del agua subsidiada. Más bien, todo lo contrario, están pagando con sus impuestos, financiando agua barata para los que están en mejores condiciones. El movimiento en contra de la privatización dice que el agua es un derecho humano que sólo los gobiernos pueden proveer. El problema es que no pueden.

Es claro que el sector público ha fallado. Y no es sorprendente que las compañías de agua con habilidades, incentivos, capital, y tecnología están mucho mejor equipadas para proveer agua a las personas. No importa cuantos documentos existan diciendo que el acceso al agua es un derecho humano, las personas no toman ni papel ni derechos, pero agua. Hay una solución a esta crisis. Las compañías y los mercados pueden salvar millones de vidas—si se les permite hacerlo.

*Traducido por Gabriela Calderón para Cato Institute.