El municipalismo peruano se encuentra actualmente en una doble encrucijada paradójica: por un lado, la legislación le atribuye unas competencias imposibles de satisfacer por falta de capacidades y recursos, de otro lado, los gobiernos locales reclaman más transferencias nacionales de fondos monetarios negándose a aumentar sus niveles de corresponsabilidad fiscal. ¿Hacia dónde encaminar nuestro municipalismo? ¿Hacia modelos de reconocido éxito internacional con las oportunas adaptaciones para el beneficio de nuestros vecinos? ¿Bien hacia modelos desconocidos bajo componendas circunstanciales beneficiosas para las autoridades y para los gestores diversos?

Desde una perspectiva ausente del día a día, es posible una abstracción beneficiosa para la reflexión no sesgada por el interés político de partido, ni por el interés del candidato independiente, aún a riego también de despegarse de la realidad local y de las incidencias que de forma cotidiana afrontan las autoridades locales. Allende la mar océana, les proponemos repensar el municipalismo peruano desde tres reclamaciones para aumentar la viabilidad de la gestión pública nuestros municipios.

Reclamar un marco del funcionario público municipal, similar a cualquier país moderno, ágil y eficaz: acceso de entrada por concurso público de capacidades, estabilidad laboral y profesional por principio, promoción interna por categorías según mérito y rendimiento, retribuciones por escala y resultados públicamente reconocidas, expulsión de la carrera pública de acuerdo al régimen disciplinario y sancionatorio.

Mientras no seamos capaces de volver a contar con un régimen profesional de funcionarios municipales estamos condenados a volver a empezar cada cuatro años, con el consiguiente despilfarro de recursos y esfuerzos de reconstrucción institucional en vez de concentrarnos en ofrecer resultados a la población.

Reclamar una tutela jurídica efectiva, que implica que todo municipio tenga garantizados un funcionario de habilitación nacional que informe de la conformidad jurídica de los actos y de los gastos del alcalde y su equipo de gerentes. La garantía jurídica nada merma de la capacidad política de los alcaldes, como demuestra el estudio comparado de varias experiencias del municipalismo moderno. El marco jurídico es la forma de enfrentar las decisiones, sin valorar el contenido de esas decisiones. La tutela jurídica no es veto, es la posibilidad de ofrecer transparencia a todo acto decisorio y a todo gasto monetario.

Mientras no seamos capaces de formalizar poderosos mecanismos de control jurídico, la acción política municipal continuará caminando por inercias ineficaces e ineficientes, con una notable falta de transparencia en la gestión cotidiana de los asuntos de interés general.

Reclamar, en tercer lugar, y no antes, una financiación adecuada a las atribuciones competenciales que se otorgan a las municipalidades para satisfacer las demandas de los vecinos. Ello supone vincular las transferencias nacionales de fondos monetarios a las necesidades reales de los ciudadanos que más incidencia tienen en su calidad de vida, y al mismo tiempo vinculando esos recursos financieros al esfuerzo de corresponsabilidad fiscal de cada municipio en la recaudación de sus propios tributos.

Mientras no seamos capaces de darnos cuenta de que la base de la democracia nace del sentimiento de contribución tributaria, como demuestra la experiencia de tantos países, nuestros ciudadanos continuaran pensando que la vida municipal no depende de sí mismos, sino de unos señores de la capital. Además, la no extensión equitativa de la obtención de los recursos propios merma la legitimidad moral de la población más vulnerable y más necesitada de la acción pública municipal, mientras es motivo de evasión y satisfacción por parte de aquellos más acomodados.